El gobernador José Vielma Mora explicó que podrán
transitar por el paso fronterizo los enfermos con permiso. Henry Ramos
Allup pronostica extensión de la medida a todo el país
Arreaza, que visitó la zona este domingo junto a los ministros que integran el Consejo de vicepresidentes, no dio más detalles del puente humanitario, pero el gobernador del Táchira, José Vielma Mora, adelantó que ya comenzó el traslado de enfermos y se abordó “la coordinación especial para el paso de estudiantes para que cumplan sus clases”.
Trascendió que habilitarán salida por motivos de viaje.
En las redes sociales, alrededor de 500 personas apostadas en Cúcuta, ciudad limítrofe con el municipio Bolívar (San Antonio) se organizaron para pedir que les permitieran pasar.
Alcance y crítica
El vicepresidente señaló que el Consejo de vicepresidentes decidió sesionar en Táchira para “verificar en el terreno” el decreto presidencial. Aseguró que “van a liberar estos espacios del paramilitarismo, del capitalismo y de la ultraderecha”.
Detalló que en San Antonio fue desmantelado un burdel, y también han sido hallados “explosivos, prendas militares” y lugares clandestinos de venta de bebidas alcohólicas.
Sobre el alcance del decreto 1.950, fue el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, el encargado de anunciar –la noche del sábado- la suspensión de las garantías previstas en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución.
Específicamente el apartado 47 que prohíbe los allanamientos sin orden judicial quedó suspendido, con lo cual El Aissami aclaró que se podrán realizar registros de viviendas, requisas de equipajes y vehículos.
Igual pasa con el artículo 48 que “garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas”, por lo que cualquier comunicación podrá ser intervenida.
Los artículos 50, 53 y 68 que preservan el libre tránsito, reunirse y manifestar, respectivamente, también fueron suspendidos, pero El Aissami aclaró que “no se permitirán reuniones públicas que no hayan sido autorizadas“, mientras que el derecho a manifestar “sólo será autorizado previa solicitud del permiso con 15 días de antelación”.
Completa la supresión de derechos, el apartado 112 relativo al ejercicio libre de cualquier actividad económica.
El secretario general de AD, Henry Ramos Allup criticó todo el proceso desplegado en Táchira. Señaló que “ni siquiera por sucesos abril 2002 ni en paro petrolero 2002-2003 fue declarado estado de excepción. ¿A qué obedece esta medida exagerada?”.
Atendiendo a esto, cree que es el “primer paso” para suspender garantías constitucionales en todo el país y que no haya elecciones en diciembre.
La decisión de limitar seis garantías constitucionales y decretar el
estado de excepción en cinco municipios del estado Táchira ha generado
una suerte de peregrinaje en ambos lados de la frontera
colombo-venezolana, de parte de ciudadanos que buscan sortear el cierre
del paso fronterizo.
Sin embargo, ante la existencia de casos
puntuales que requieren la salida o entrada al país por territorio
tachirense, el Ejecutivo autorizó la activación de un corredor
humanitario. El vicepresidente Jorge Arreaza confirmó que “sólo casos
humanitarios tendrán acceso” a través del paso fronterizo.Arreaza, que visitó la zona este domingo junto a los ministros que integran el Consejo de vicepresidentes, no dio más detalles del puente humanitario, pero el gobernador del Táchira, José Vielma Mora, adelantó que ya comenzó el traslado de enfermos y se abordó “la coordinación especial para el paso de estudiantes para que cumplan sus clases”.
Trascendió que habilitarán salida por motivos de viaje.
En las redes sociales, alrededor de 500 personas apostadas en Cúcuta, ciudad limítrofe con el municipio Bolívar (San Antonio) se organizaron para pedir que les permitieran pasar.
Alcance y crítica
El vicepresidente señaló que el Consejo de vicepresidentes decidió sesionar en Táchira para “verificar en el terreno” el decreto presidencial. Aseguró que “van a liberar estos espacios del paramilitarismo, del capitalismo y de la ultraderecha”.
Detalló que en San Antonio fue desmantelado un burdel, y también han sido hallados “explosivos, prendas militares” y lugares clandestinos de venta de bebidas alcohólicas.
Sobre el alcance del decreto 1.950, fue el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, el encargado de anunciar –la noche del sábado- la suspensión de las garantías previstas en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución.
Específicamente el apartado 47 que prohíbe los allanamientos sin orden judicial quedó suspendido, con lo cual El Aissami aclaró que se podrán realizar registros de viviendas, requisas de equipajes y vehículos.
Igual pasa con el artículo 48 que “garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas”, por lo que cualquier comunicación podrá ser intervenida.
Los artículos 50, 53 y 68 que preservan el libre tránsito, reunirse y manifestar, respectivamente, también fueron suspendidos, pero El Aissami aclaró que “no se permitirán reuniones públicas que no hayan sido autorizadas“, mientras que el derecho a manifestar “sólo será autorizado previa solicitud del permiso con 15 días de antelación”.
Completa la supresión de derechos, el apartado 112 relativo al ejercicio libre de cualquier actividad económica.
El secretario general de AD, Henry Ramos Allup criticó todo el proceso desplegado en Táchira. Señaló que “ni siquiera por sucesos abril 2002 ni en paro petrolero 2002-2003 fue declarado estado de excepción. ¿A qué obedece esta medida exagerada?”.
Atendiendo a esto, cree que es el “primer paso” para suspender garantías constitucionales en todo el país y que no haya elecciones en diciembre.