El Ministerio del Trabajo dictó 313
amparos a igual número de empleados de la Gobernación de Anzoátegui que
habían sido despedidos.
El recurso legal deja sin efecto la
medida y ordena que los trabajadores vuelvan a sus puestos con la
remuneración correspondiente.
La información fue suministrada por
Carlos Martínez, secretario ejecutivo del Sindicato Unión Gremial de
Empleados Administrativos de la Gobernación del estado Anzoátegui
(Sugreganz), acompañado de los constituyentistas de la entidad.
Martínez manifestó que una comisión,
compuesta por funcionarios de la cartera de Trabajo, representantes de
Sugreganz y los afectados asistieron ayer a la sede de gobierno regional
para entregar las órdenes de ejecución del instrumento jurídico, pero
se les negó el acceso.
“El personal de seguridad de la gobernación nos impidió entrar al edificio por órdenes del gobernador Antonio Barreto Sira”.
El representante sindical manifestó que
con esta acción se evitó la medida de amparo y, por tanto, ahora se
realizará de manera forzosa, como establece el ordenamiento jurídico.
“Ahora entramos en una segunda fase,
porque al impedir la ejecución del amparo, entraron en desacato.
Próximamente convocarán a los trabajadores a la gobernación, acompañados
de los representantes del Ministerio de Trabajo, funcionarios del
Ministerio Público y las fuerzas de seguridad, a los fines de que se
acate esta orden de amparo”, explicó.
Respuesta
Ante el procedimiento de reenganche de los trabajadores, el equipo jurídico de la gobernación se activó, junto con la Dirección de Personal, para instalar una mesa de trabajo y canalizar la situación, de acuerdo con Gladys Urbáez, titular de esa dependencia.
Ante el procedimiento de reenganche de los trabajadores, el equipo jurídico de la gobernación se activó, junto con la Dirección de Personal, para instalar una mesa de trabajo y canalizar la situación, de acuerdo con Gladys Urbáez, titular de esa dependencia.
La directora de Personal precisó que la
inspectora del Trabajo de Barcelona pretendió que el proceso se llevara
adelante sin que se escuchara la argumentación de los representantes del
Ejecutivo.
Urbáez sostuvo que según la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras tanto los funcionarios como el ente contratante tienen el derecho de expresar sus argumentos.
Urbáez sostuvo que según la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras tanto los funcionarios como el ente contratante tienen el derecho de expresar sus argumentos.
Explicó la funcionaria que en la sede de
la gobernación se estaba instalando una mesa de trabajo para tratar el
problema, pero esta no se concretó porque los trabajadores y los
inspectores se negaron a participar.
“Cuando se estaba a punto de comenzar el
proceso con la Inspectoría del Trabajo, los contratados y funcionarios
del Ministerio del Trabajo abandonaron la sede de la gobernación
alegando desacato”.
Eltiempo.com.ve / Dayana Figueroa