El primer vicepresidente del parlamento dijo que el fallo
que obliga al legislativo a someter al aval de Miraflores el impacto
económico de los textos legales no será obedecido
El máximo juzgado admitió un recurso de inconstitucionalidad de la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la AN, presentado el 9 de marzo de 2011 por diputados antichavistas.
La decisión judicial señala además que antes de que un texto legal sea sometido a segunda discusión en la cámara debe haber pasado por una consulta pública, lo cual, aseguró Márquez, sí se cumple.
También indicó que a sabiendas de que el TSJ frenará la enmienda constitucional para recortar el período presidencial y eliminar la reelección, será aprobada en el hemiciclo, al mismo tiempo que trabajan para activar el referendo revocatorio.
Por su parte, Héctor Rodríguez (Psuv) instó a la directiva de la AN a tener “coherencia” y acatar la sentencia de un recurso que ellos mismos interpusieron. “Hacemos un llamado a la oposición a que entiendan el momento político que estamos viviendo”, dijo.
Como
“inacatable” declararon diputados de la Mesa de la Unidad Democrática,
la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (AN), que entre
otros aspectos establece como “requisito obligatorio” la presentación
del impacto económico de las leyes y su consulta con el Ejecutivo para
poder ser sancionadas.
“Son trabas inconstitucionales a la
aprobación de leyes (…) Pedir que el estudio de impacto económico sea
avalado por el gobierno es decir que la AN debe pedir permiso para
legislar, lo cual es inacatable. Denunciamos que esta decisión de un
recurso que introdujo la oposición en el TSJ hace 6 años es extemporánea
y se emite ahora para desequilibrar al parlamento”, dijo el primer
vicepresidente de la AN, Enrique Márquez (UNT).El máximo juzgado admitió un recurso de inconstitucionalidad de la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la AN, presentado el 9 de marzo de 2011 por diputados antichavistas.
La decisión judicial señala además que antes de que un texto legal sea sometido a segunda discusión en la cámara debe haber pasado por una consulta pública, lo cual, aseguró Márquez, sí se cumple.
También indicó que a sabiendas de que el TSJ frenará la enmienda constitucional para recortar el período presidencial y eliminar la reelección, será aprobada en el hemiciclo, al mismo tiempo que trabajan para activar el referendo revocatorio.
Por su parte, Héctor Rodríguez (Psuv) instó a la directiva de la AN a tener “coherencia” y acatar la sentencia de un recurso que ellos mismos interpusieron. “Hacemos un llamado a la oposición a que entiendan el momento político que estamos viviendo”, dijo.
Reto
El diputado, José Antonio España (PJ), advirtió que la “confrontación innecesaria” que mantiene el Ejecutivo a través del TSJ, no es con los parlamentarios sino con la mayoría del pueblo que los eligió. Retó al Poder Judicial a declarar también la inconstitucionalidad de la ley del bono de alimentación.
El diputado, José Antonio España (PJ), advirtió que la “confrontación innecesaria” que mantiene el Ejecutivo a través del TSJ, no es con los parlamentarios sino con la mayoría del pueblo que los eligió. Retó al Poder Judicial a declarar también la inconstitucionalidad de la ley del bono de alimentación.