Un grupo de ex magistrados y juristas venezolanos impugnó ante el
Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional a 382
aspirantes a 13 cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
que la bancada oficialista pretende cambiar con mayoría simple el 23 de
diciembre antes de que se renueve el Hemiciclo, que contará con mayoría
calificada de legisladores de la Mesa de la Unidad Democrática,
publica El Nacional.
Los motivos de las acciones legales son dos: irregularidades en el procedimiento de postulaciones judiciales y ausencia de información sobre las aptitudes de los aspirantes a magistrados para detentar el cargo.
Entre las irregularidades del procedimiento enfatizan el fraude constitucional, pues los juristas razonan que la verdadera intención del Parlamento no es cumplir el mandato de la carta magna para designar magistrados, sino “cubrir esos cargos –algunos no vencidos– con ciudadanos que tienen vínculos partidistas con el Poder Ejecutivo”.
Los abogados, entre los que se encuentran Román Duque Corredor, Jorge Rosell, Pedro Rondón Haaz, René Molina, Ramón Escovar, Blanca Rosa Mármol de León, Rodrigo Rivera, Enrique Moreno y Flor Zambrano, destacan otros vicios: que cuando se inició el proceso no existían vacantes en el TSJ y que al iniciarse la convocatoria no se informó la lista de esos puestos.
También afirmaron que la convocatoria es extemporánea, pues la Ley Orgánica del TSJ señala que el trámite de preselección no puede ser mayor a 30 días que ya vencieron, por lo que, afirman, queda sin efecto el proceso.
Los abogados rechazan que en la lista de postulados, que se publicó de forma tardía, no se aclare cuántos y cuáles son los cargos que serán reemplazados lo que “viola el principio de publicidad del proceso”.
Nueva Prensa de Oriente / El Nacional
Los motivos de las acciones legales son dos: irregularidades en el procedimiento de postulaciones judiciales y ausencia de información sobre las aptitudes de los aspirantes a magistrados para detentar el cargo.
Entre las irregularidades del procedimiento enfatizan el fraude constitucional, pues los juristas razonan que la verdadera intención del Parlamento no es cumplir el mandato de la carta magna para designar magistrados, sino “cubrir esos cargos –algunos no vencidos– con ciudadanos que tienen vínculos partidistas con el Poder Ejecutivo”.
Los abogados, entre los que se encuentran Román Duque Corredor, Jorge Rosell, Pedro Rondón Haaz, René Molina, Ramón Escovar, Blanca Rosa Mármol de León, Rodrigo Rivera, Enrique Moreno y Flor Zambrano, destacan otros vicios: que cuando se inició el proceso no existían vacantes en el TSJ y que al iniciarse la convocatoria no se informó la lista de esos puestos.
También afirmaron que la convocatoria es extemporánea, pues la Ley Orgánica del TSJ señala que el trámite de preselección no puede ser mayor a 30 días que ya vencieron, por lo que, afirman, queda sin efecto el proceso.
Los abogados rechazan que en la lista de postulados, que se publicó de forma tardía, no se aclare cuántos y cuáles son los cargos que serán reemplazados lo que “viola el principio de publicidad del proceso”.
Nueva Prensa de Oriente / El Nacional