Canciller Delcy Rodríguez informó a través de su cuenta
en Twitter que el primer mandatario, Nicolás Maduro, ordenó llamar a
consulta al diplomático venezolano en Bogotá
Agregó además que serán revisadas “integralmente” las relaciones con el vecino país, “en razón de las agresiones que sufre nuestro pueblo por el paramilitarismo y guerra económica”.
La canciller lamentó que los avances alcanzados el pasado miércoles en la reunión que sostuviera en Cartagena con su par neogranadina, Ángela Holguín, “se vean frustrados por la soberbia de sus autoridades”.
“La embarró”
Horas antes, Maduro afirmaba -durante un acto celebrado en el Poliedro de Caracas- que el mandatario colombiano está a la cabeza de una campaña de odio en su contra. “Fuimos de buena fe y se estaba iniciando un camino, pero vino el presidente Santos y la puso. A usted lo engañaron. La embarró en Cúcuta porque mintió”, acotó.
Dijo que su homólogo pretende acusar a las autoridades venezolanas de “anticolombianas”, aunque resaltó que en el país hay más de 5 millones de neogranadinos y que en los últimos siete meses han ingresado otros 121 mil.
Reiteró que la frontera permanecerá cerrada hasta tanto no cese “el ataque al bolívar” y se acabe con el contrabando de alimentos y combustible en Cúcuta.
“Espero que Colombia esté tomando medidas para garantizar el bienestar de su gente”.
Tras el Estado de Excepción decretado el viernes pasado en seis municipios de Táchira (Bolívar, Junín, Ureña, Capacho Viejo, Capacho Nuevo y José Rafael Urdaneta), se han registrado una serie de denuncias sobre la violación de los derechos humanos de los deportados.
En las redes sociales circulan una serie de imágenes que muestran a una gran cantidad de personas que se han visto obligadas a cruzar el río Táchira (cargadas de sus enseres y pertenencias) hacia el sector La Parada (Colombia).
Según la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia (Ocha) hasta el miércoles fueron repatriados 1 mil 88 ciudadanos, entre ellos, 244 menores de edad.
El segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Roberto Lückert, calificó como un atropello a los derechos humanos las deportaciones.
“Me parece una barbaridad lo que están haciendo (...) Les rompen las casas, les roban, los sacan como unos animales”, expresó, al tiempo que aseveró que durante años los pueblos de ambos países han convivido sin problemas.
El presidente de la CEV, monseñor Diego Padrón, también manifestó su preocupación ante la realidad en Táchira y calificó de insostenible el cierre de la frontera. “La frontera no puede estar cerrada por tanto tiempo porque los comerciantes y el pueblo se ven afectados”.
Luego de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, llamara
la tarde de ayer a consulta al embajador de ese país en Venezuela, por
considerar “inaceptable” el trato que reciben los deportados en la
frontera, la respuesta del Gobierno nacional no se hizo esperar.
En
horas de la noche, la canciller Delcy Rodríguez informó a través de su
cuenta en Twitter que el primer mandatario, Nicolás Maduro, ordenó
llamar a consulta al diplomático venezolano en Bogotá, Iván Rincón.Agregó además que serán revisadas “integralmente” las relaciones con el vecino país, “en razón de las agresiones que sufre nuestro pueblo por el paramilitarismo y guerra económica”.
La canciller lamentó que los avances alcanzados el pasado miércoles en la reunión que sostuviera en Cartagena con su par neogranadina, Ángela Holguín, “se vean frustrados por la soberbia de sus autoridades”.
“La embarró”
Horas antes, Maduro afirmaba -durante un acto celebrado en el Poliedro de Caracas- que el mandatario colombiano está a la cabeza de una campaña de odio en su contra. “Fuimos de buena fe y se estaba iniciando un camino, pero vino el presidente Santos y la puso. A usted lo engañaron. La embarró en Cúcuta porque mintió”, acotó.
Dijo que su homólogo pretende acusar a las autoridades venezolanas de “anticolombianas”, aunque resaltó que en el país hay más de 5 millones de neogranadinos y que en los últimos siete meses han ingresado otros 121 mil.
Reiteró que la frontera permanecerá cerrada hasta tanto no cese “el ataque al bolívar” y se acabe con el contrabando de alimentos y combustible en Cúcuta.
“Espero que Colombia esté tomando medidas para garantizar el bienestar de su gente”.
Tras el Estado de Excepción decretado el viernes pasado en seis municipios de Táchira (Bolívar, Junín, Ureña, Capacho Viejo, Capacho Nuevo y José Rafael Urdaneta), se han registrado una serie de denuncias sobre la violación de los derechos humanos de los deportados.
En las redes sociales circulan una serie de imágenes que muestran a una gran cantidad de personas que se han visto obligadas a cruzar el río Táchira (cargadas de sus enseres y pertenencias) hacia el sector La Parada (Colombia).
Según la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia (Ocha) hasta el miércoles fueron repatriados 1 mil 88 ciudadanos, entre ellos, 244 menores de edad.
El segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Roberto Lückert, calificó como un atropello a los derechos humanos las deportaciones.
“Me parece una barbaridad lo que están haciendo (...) Les rompen las casas, les roban, los sacan como unos animales”, expresó, al tiempo que aseveró que durante años los pueblos de ambos países han convivido sin problemas.
El presidente de la CEV, monseñor Diego Padrón, también manifestó su preocupación ante la realidad en Táchira y calificó de insostenible el cierre de la frontera. “La frontera no puede estar cerrada por tanto tiempo porque los comerciantes y el pueblo se ven afectados”.