El coordinador de la ONG de defensa de Derechos Humanos,
Rafael Uzcátegui, solicitará a la Fiscalía investigar el comportamiento
de los cuerpos de seguridad durante la redada
Para el coordinador general de la ONG, Rafael Uzcátegui, las características de la movilización llevada a cabo en el barrio San Miguel- en el oeste de Caracas- sugieren un uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de medios letales por parte de los efectivos de la PNB, el Cicpc y el Sebin.
Explicó que al no haber heridos ni lesionados como resultado del encuentro entre los funcionarios y los grupos criminales, se presume un “encubrimiento de las ejecuciones bajo la figura del enfrentamiento”.
Hasta el momento todos los cadáveres de los abatidos habrían sido retirados de la morgue. Según versiones extraoficiales, dos de ellos recibieron disparos a corta distancia.
El 13 de julio más de 200 funcionarios realizaron un operativo en la Cota 905 que dejó 16 muertos y 134 detenidos. Con la movilización también se recuperaron 32 vehículos solicitados por robo.
El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró que de haberse cometido violaciones de derechos humanos “tiene que haber familiares que denuncien” y a partir de allí el organismo a su cargo iniciará el acompañamiento”.
Aseveró que por ahora la Defensoría no ha recibido ningún tipo de acusaciones.
La
Organización No Gubernamental (ONG) Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) informó que ya inició un
proceso de documentación de los hechos ocurridos el lunes en la Cota
905, en el marco del Operativo Protección y Liberación del Pueblo.
La
asociación civil presentará un informe ante el Ministerio Público para
solicitar una investigación formal del comportamiento de las autoridades
durante la redada.Para el coordinador general de la ONG, Rafael Uzcátegui, las características de la movilización llevada a cabo en el barrio San Miguel- en el oeste de Caracas- sugieren un uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de medios letales por parte de los efectivos de la PNB, el Cicpc y el Sebin.
Explicó que al no haber heridos ni lesionados como resultado del encuentro entre los funcionarios y los grupos criminales, se presume un “encubrimiento de las ejecuciones bajo la figura del enfrentamiento”.
Hasta el momento todos los cadáveres de los abatidos habrían sido retirados de la morgue. Según versiones extraoficiales, dos de ellos recibieron disparos a corta distancia.
El 13 de julio más de 200 funcionarios realizaron un operativo en la Cota 905 que dejó 16 muertos y 134 detenidos. Con la movilización también se recuperaron 32 vehículos solicitados por robo.
El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró que de haberse cometido violaciones de derechos humanos “tiene que haber familiares que denuncien” y a partir de allí el organismo a su cargo iniciará el acompañamiento”.
Aseveró que por ahora la Defensoría no ha recibido ningún tipo de acusaciones.
Justicia politizada
El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, señaló que la justicia no debe ser politizada. “Si le exigimos al Estado y al Gobierno que actúe, y actúa entonces después no podemos caerles a palo porque hayan actuado. Yo creo que la vida de los venezolanos tiene que sacarse de la diatriba política diaria”, subrayó.
El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, señaló que la justicia no debe ser politizada. “Si le exigimos al Estado y al Gobierno que actúe, y actúa entonces después no podemos caerles a palo porque hayan actuado. Yo creo que la vida de los venezolanos tiene que sacarse de la diatriba política diaria”, subrayó.